DIARIO DE LEÓN 6-5-2023
Diez porfía frente a la sanción por dejar tirar las fachadas protegidas de La Rúa
El gobierno del Ayuntamiento recurre la multa de Patrimonio que le acusa de saltarse la ley
El derribo de las fachadas comenzó el último día de enero. FERNANDO OTERO
6 DE MAYO DE 2023, 3:33
Frente a la resolución de Patrimonio, que condena al Ayuntamiento de León con 3.000 euros por permitir el derribo de las fachadas protegidas de los números 16, 18 y 20 de La Rúa, el gobierno municipal de José Antonio Diez opta por porfiar. Los mandatarios socialistas anunciaron ayer que recurrirán la propuesta de sanción, tanto ante la Dirección General de Cultura de la Junta como, en caso de que persista, ante el contencioso administrativo, «si fuera preciso», amparados en que se trata de una resolución «injusta e injustificada» en la que «primó la seguridad de las personas».
El equipo del PSOE se escuda en que se les imputa «la falta de comunicación del derribo ignorando que la actuación municipal se limitó a constatar la existencia de un peligro real, cierto e inminente de derrumbe». «Esto obligó al derribo controlado de las fachadas a la mayor brevedad posible para garantizar la seguridad de los viandantes y residentes de los inmuebles cercanos», argumentó el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, en una respuesta enlatada enviada a los medios después de que este periódico desvelara ayer la sanción.
Pero el edil obvió que el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artículo 88.4, subraya que en estas situaciones de «riesgo para las personas», el órgano competente para la declaración de ruina, que en este caso es el Ayuntamiento de León, «deberá comunicar inmediatamente la situación a la delegada territorial» de la Junta. La infracción, como apostillaron desde la administración autonómica, se debe a que el gobierno de Diez no cumplió con esta comunicación. No lo hizo el mismo día del derribo ni los siguientes, sino que se saltaron el trámite y cortaron la vía de vertebración del Camino de Santiago en el casco histórico, mientras la constructora demolía las fachadas, que habían perdido pie por la excavación del interior en la que se descarnaron los cimientos, y se libraba de la obligación de conservarlas.
Argumentación
Copete insiste en que se hizo por seguridad, pero no aclara por qué no lo
comunicó a la Junta
Sin esta comunicación a la delegación territorial, que hubiera bastado para amparar el derribo, el Ayuntamiento incurrió en una infracción del artículo 84 de la de Patrimonio Cultural de la comunidad, como se recoge en la propuesta de sanción, en la que se apunta una multa de 10.000 euros para Lino Casquero, la promotora del complejo de 30 viviendas de lujo en pleno casco histórico. Aunque desde el consistorio se enrocaron en que, «en todo caso, y en base a informes de los técnicos municipales, de la propia constructora y de la Policía Local, primó la seguridad de las personas». «Seguimos comprobando las trabas, retrasos y la falta de colaboración que desde la Delegación Territorial de la Junta estamos sufriendo en la sobras municipales especialmente en aquellas que están vinculadas a nuestro patrimonio histórico», mezcló el concejal de Desarrollo Urbano para desviar el foco de su responsabilidad.
