Comienza la reparación del artesonado mudéjar de la iglesia de Santa Colomba de la Vega
PATRIMONIO La Junta de Castilla y León
realizará una inversión de más de 50.000 euros
La Junta
de Castilla y León, a través del Servicio
Territorial de Cultura, ha iniciado la rehabilitación de la cubierta y
la desinfección de la madera del artesonado mudéjar de la Iglesia
de Santa
Colomba de la Vega con una inversión de 51.539 euros.
El edificio, declarado Monumento Nacional desde 1943, posee un artesonado de
estilo mudéjar que cubre la nave única y la capilla mayor, el cual data de
finales del siglo XIV o principios del siglo XV. Se caracteriza por su
decoración geométrica formada por ruedas de lazo y pinturas llamativas.
En la actualidad mantiene una serie de deficiencias en la cubierta
como la presencia de vegetación o tejas desplazadas que pueden ocasionar otros
desperfectos. Por este motivo se quieren realizar las tareas de reparación
pertinentes para recuperar el estado original y funcional de la cubierta de la
iglesia y para poner en valor este edificio, así como realizar un tratamiento
de desinsectación de la madera que forma parte del artesonado.
La delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, ha visitado la
iglesia y ha destacado la riqueza histórica y cultural de las zonas rurales de
la provincia. “Es importante venir a ver en persona cómo se conserva el
patrimonio de nuestros pueblos”, ha subrayado.
Albañilería y mampostería revestidas
La Iglesia de Santa Colomba de la Vega es una edificación
parroquial de tipo rural. Tiene en planta una nave rectangular y capilla cuadrada
separadas por arco triunfal apuntado liso. La portada de ingreso es sencilla y
procede del vecino pueblo de Celada de donde se trasladó en 1752.
La espadaña es moderna y el edificio está construido con albañilería y
mampostería revestidas. El mayor interés estriba en las cubiertas de
carpintería mudéjar aparejadas según las características desarrolladas en
Castilla y León en la época de los Reyes Católicos, siendo magnífico exponente
de este arte autóctono.
La armadura de la nave central mide 18,35 por 6,56 metros, es libre sin
tirantes y se adapta al rectángulo de la habitación excepto en su cabecera en
que se articula en ochavos; la artesa conforma dobles faldones y almizate y se
decora con labores de lazo ataujerado con cuerdas dobladas en composición de
ocho y doce. El almizate o franja central más elevada presenta también claves
de mocárabes y su ochavo muestra un escudo episcopal. El conjunto está
policromado con pintura y pan de oro.
La armadura de la capilla es de forma octogonal regular, esto es, adaptada al
cuadrado de la planta. Se decora con lazo de diez ataujerado y con mocárabes en
el almizate y en los cuadrales.
Pertenecen al mismo autor y con total seguridad también fue el mismo maestro
carpintero que hizo la armadura de la iglesia de Santa Marina de Valencia de
Don Juan. Las de Santa Colomba se salvaron milagrosamente en 1942 de ser
desmontadas y trasladadas al Museo Arqueológico Provincial por deseo de Luis
Menéndez Pidal, proyecto que evitó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La villa de Valderas acaba de entrar a formar parte de la Red de Conjuntos Históricos
de Castilla y León, que está integrada por más de 40 municipios de la Comunidad
Autónoma que cuentan con la declaración de Conjunto Histórico. Dicha red tiene
como fin crear una marca que sirva para llevar a cabo estrategias conjuntas
para promocionar los municipios asociados.
La villa de Valderas fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico en 2008 en reconocimiento del patrimonio y paisajes de
dominante defensivo y por la importancia de sus espacios públicos, entre los
que destaca la concatenación y concentración de plazas como la del Ganado, San
Juan, los Cestos, Ramón y Cajal y Plaza Mayor. La adhesión de Valderas a la Red
de Conjuntos Históricos de Castilla y León fue aprobada por unanimidad en el Pleno
del Ayuntamiento celebrado el pasado 30 de marzo.
Agustín Lobato, alcalde de la villa, afirma que la apuesta por sumarse a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León se añade a otras acciones promovidas desde el Ayuntamiento en favor del patrimonio y del turismo, como son: la puesta en valor de las bodegas subterráneas a través del festival de artes escénicas Bajo Tierra, la próxima restauración de la antigua Casa Consistorial de la Plaza Mayor, el esfuerzo aún no concluido por lograr registrar las ruinas del Castillo de la Altafría como bien municipal, iniciar un estudio/inventario de bodegas subterráneas, la adquisición por donación de una bodega tradicional para ofrecerla como recurso turístico, el inventario y catalogación del Archivo Municipal, la apuesta por la continuidad de la apertura de la oficina de turismo fuera de la época estival o la adhesión del Auditorio María de las Hazas dentro del Sistema de Circuitos Escénicos de Castilla y León, entre otras acciones.
Decisión
El Ayuntamiento aprobó en pleno el pasado 30 de marzo por unanimidad su
adhesión a la red
Con la incorporación de Valderas se completa la lista de Conjuntos
Históricos de Tierra de Campos adheridos a la Red en la que solo faltaba la
‘Villa del Bacalao’, y en la que ya estaban Sahagún, Grajal, Támara, Becerril,
Fuentes de Nava, Ampudia, Montealegre y Medina de Rioseco. Así pues, se
refuerza no solo el protagonismo de la Tierra de Campos leonesa como espacio de
notable interés patrimonial, sino la propia vega del Cea como eje vertebrador
de posibles propuestas turísticas y culturales a futuro.
La Asociación Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León participó
recientemente en Fitur (Feria de Turismo Internacional, Madrid) y se ha
esforzado en elaborar un documento de trabajo donde se planteen los problemas
vinculados a la gestión de los Conjuntos Históricos, conocido como Libro Blanco
para la gestión de Conjuntos Históricos de Castilla y León. Otras acciones
llevadas a cabo por la Red son los Encuentros de Conjuntos Históricos de
Castilla y León, que llega a su séptima edición, el concurso fotográfico
‘Asómate a nuestra vida’ o el Pasaporte Turístico. De todo ello y más se puede
consultar más información en su web www.recohicyl.com.
Apuesta por la cultura
El consistorio viene realizando numerosas acciones en favor del patrimonio y el
turismo
«Lograr esta distinción es muy importante para Valderas, ya que a partir de
ahora la villa terracampina de Valderas no solo será reconocida como una
referencia del turismo gastronómico nacional por el ‘Bacalao al estilo
Valderas’, sino que reforzará su imagen como destino de turismo cultural y
estrechará vínculos con otras localidades Conjunto Histórico», señalan desde el
consistorio.
La ‘trama
eólica’ de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y
antiguos cargos de la Junta
El caso más grave de corrupción del Gobierno de Juan Vicente Herrera tenía su epicentro en la Consejería de Economía, que obligaba a las eléctricas a asociarse con empresarios de la comunidad para autorizar sus parques
El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en 2014 Nacho Gallego / EFE
25 de enero
de 2022 22:31h
Actualizado el 26/01/2022 09:54h
40
SEGUIR AL
AUTOR/A
Hicieron falta 15 años y
mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el
mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos
cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de
euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y
con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán
que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda
Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de
Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente
Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.
La trama, que denunció
la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda,
consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de
Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola
o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro
modo, la tramitación se estancaba.
Según el juez, el
viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces
consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una
filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la
Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías
renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la
diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma,
regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo
que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante
entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de
parques eólicos”.
Participaciones del 40% de empresarios locales y
excargos de la Junta
Así, se exigió a
promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en
el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización,
participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado,
que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar
parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar
la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado
“semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que
apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían
relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la
Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la
que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico,
vendió su parte a la eléctrica. El ‘pelotazo’ fue de 47 millones de euros. Con
ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia,
donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al
menos.
Otro de los elegidos fue
el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que
suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque
eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En
2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los
hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y
Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto
a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de
Economía, el caso Perla Negra.
Aerogeneradores en un parque
eólico Javier Cebollada / EFE
Que la Junta miró hacia
otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques
dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía
renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras
empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del
decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en
Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001.
Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un
parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y
junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo
único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto
189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y
solo se obtuvo cuando el parque requerimientos sugeridos por los responsables
de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que
los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un
abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como
enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo
socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El
parque quedó en manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que
salió adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según
el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades
de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por
su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional
posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos
vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas… y también
pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que
se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron
donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35
euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por
otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013,
con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas
sociedades.
Delgado, que se enfrenta
a una petición de pena de 42 años de prisión
y multas de 239 millones de euros como
principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha
trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco
antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el
caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran,
según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos.
Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a
Delgado.
Además de Delgado, los
otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien
son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados
está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable
civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros:
11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5
millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama.
Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una
forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le
impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas.
El Ayuntamiento de Torre del Bierzo y una decena de vecinos del municipio y de Montealegre colaboraron en las tareas.
Uno de los molinosTolva del molinoCabecera de la iglesia
El sábado día 22 de abril, una veintena de socios de la Asociación ProMonumenta, con la colaboración del Ayuntamiento de Torre del Bierzo y hasta una decena de vecinos del municipio y del pueblo de Montealegre, procedieron al desbroce y limpieza del entorno de la iglesia y del desaparecido pueblo de Santibáñez de Montes.
El traslado desde la ciudad de León se realizó en microbús hasta la localidad de Montealegre, lugar en el que los organizadores locales habían dispuesto algunos todoterreno para efectuar el traslado por caminos casi desaparecidos hasta el ABANDONADO Y ARRUINADO PUEBLO DE SANTIBÁÑEZ DE MONTES.
El objetivo es convertir a Santibáñez de Montes en un importante punto de atención de una senda pedestre que contribuya a revitalizar la zona.
Las labores realizadas fueron repasar la limpieza que Promonumenta ya había realizado durante la primavera del pasado año y seguir abriendo paso al interior del pueblo, el cual se encontraba ‘comido’ por zarzas y maleza. Ningún tejado queda en pie, solo los muros de las casas que todavía dibujan bastante bien el entramado urbano.
Llaman la atención tres molinos que hubo en el pueblo, cuya estructura se mantiene, aunque su «maquinaria» se halla hecha trizas.
Las labores de esta hacendera se completaron con un desbroce del cementerio.
El Ayuntamiento de Torre del Bierzo agradeció la labor que ProMonumenta está realizando en el municipio. Según recuerda, el pasado mes de noviembre también realizó un desbroce y una limpieza en los restos del antiguo monasterio de Santa María Magdalena y en la ermita de San Blas, ambas edificaciones situadas en Cerezal de Tremor.
COMUNICADO DE PRENSA EL PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN MOVILIZA A LA SOCIEDAD CIVIL.Más de 50 asociaciones y colectivos de la Comunidad Autónoma comparten su preocupación en torno a la reacvación de asociaciones y colecvos en defensa de nuestro patrimonio. Medina del Campo acoge una reunión de trabajo organizada por la Federación por el Patrimonio de Caslla y León.Medina del Campo, 15 de abril de 2023. – Caslla y León es la Comunidad Autónoma más rica en Patrimonio de España y la primera en el mundo en bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Conscientes de la necesidad de impulsar su recuperación y gesón para fortalecer los procesos de desarrollo de nuestros entornos locales y convencidos de la necesidad de colaborar entre asociaciones, colecvos y voluntariado en general que de#ende la importancia del Patrimonio en Caslla y León, desde la Federación por el Patrimonio se abrió un periodo de reflexión durante el año 2022 al respecto de estos temas.Por este movo y desde el pasado mes de noviembre, se ha creado un grupo de trabajo abierto para que las asociaciones y colecvos relacionados con la defensa del Patrimonio de Castilla y León acuerden una hoja de ruta que marque nuestros retos y posibles puntos de encuentro a la hora de establecer una estrategia común de parcipación ciudadana en torno al Patrimonio. De esta forma, en la mañana del sábado 15 de abril, el Hotel Villa de Ferias de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, acogió una primera reunión presencial donde se han establecido las bases de una estrategia comparda para fortalecer el movimiento asociavo en torno al patrimonio en ciudades, pueblos y provincias deCaslla y León. Se concreta así el trabajo previo que durante los úlmos meses se había venido realizando vía telemáca.
En este proceso, se ha puesto de manifesto que una de las preocupaciones dominantes en las asociaciones es la necesidad de establecer cauces e#caces de interlocución con las administraciones públicas y los propietarios de los bienes patrimoniales. El reto fundamental es abrir el camino a una efecva parcipación de la sociedad civil en la defensa, difusión y gesón del patrimonio. En los próximos meses se ha establecido una hoja de ruta común. En ella se concretan estrategias de actuación en torno a:o Un plan de comunicación.o Impulso de la parcipación juvenil.o Agenda común de acvidades.o Interacción con la iniciava privada.o Captación de recursos.o Observatorio del patrimonio (“servicio de alertas”).La próxima acvidad de la Federación tendrá lugar el próximo 10 de mayo con movodel Día Regional del Patrimonio, con la publicación de un manifiesto para esmular laparcipación ciudadana en la defensa del patrimonio de Caslla y León, nuestra herencia cultural.Contacto: Pedro Montarelo (Presidente): 636641723
La ‘trama
eólica’ de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y
antiguos cargos de la Junta
El caso más grave de corrupción del Gobierno de Juan Vicente Herrera tenía su epicentro en la Consejería de Economía, que obligaba a las eléctricas a asociarse con empresarios de la comunidad para autorizar sus parques
El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en 2014 Nacho Gallego / EFE
25 de enero
de 2022 22:31h
Actualizado el 26/01/2022 09:54h
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Hicieron falta 15 años y
mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el
mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos
cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de
euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y
con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán
que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda
Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de
Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente
Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.
La trama, que denunció
la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda,
consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de
Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola
o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro
modo, la tramitación se estancaba.
Según el juez, el
viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces
consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una
filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la
Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías
renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la
diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma,
regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo
que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante
entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de
parques eólicos”.
Participaciones del 40% de empresarios locales y
excargos de la Junta
Así, se exigió a
promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en
el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización,
participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado,
que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar
parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar
la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado
“semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que
apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían
relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la
Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la
que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico,
vendió su parte a la eléctrica. El ‘pelotazo’ fue de 47 millones de euros. Con
ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia,
donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al
menos.
Otro de los elegidos fue
el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que
suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque
eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En
2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los
hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y
Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto
a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de
Economía, el caso Perla Negra.
Aerogeneradores en un parque
eólico Javier Cebollada / EFE
Que la Junta miró hacia
otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques
dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía
renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras
empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del
decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en
Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001.
Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un
parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y
junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo
único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto
189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y
solo se obtuvo cuando el parque cambió de propietarios. “Hemos cumplido con
todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de
Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos
propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por
la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el
desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto
de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El parque quedó en manos de Endesa y
de los hermanos Collosa, momento en el que salió adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según
el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades
de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por
su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional
posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos
vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas… y también
pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que
se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron
donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35
euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por
otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013,
con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas
sociedades.
Delgado, que se enfrenta
a una petición de pena de 42 años de prisión
y multas de 239 millones de euros como
principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha
trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco
antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el
caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran,
según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos.
Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a
Delgado.
Además de Delgado, los
otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien
son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados
está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable
civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros:
11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5
millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama.
Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una
forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le
impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas.
La Junta da licencia a cuatro macroparques solares
troceados en Villadangos del Páramo
Todos ellos son proyectos del grupo Lamelas Viloria, contiguos y comparten infraestructuras de evacuación, por lo que se deberían considerar como el mismo parque
La Junta de Castilla y León
concede autorización administrativa previa a cuatro de los cinco macroparques
solares troceados en Villadangos del Páramo -El Monte, Roteles, La Fenera y
Valtarafón-, tal y como publica la edición del Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) de León de este jueves, y deja pendiente de este trámite solo el de La
Llanada. Todos ellos proyectos del grupo Lamelas Viloria, entre Villadangos del
Páramo y Cimanes del Tejar y que comparten infraestructuras de evacuación, por
lo que se deberían considerar como el mismo parque.
Es precisamente este argumento
el que esgrimieron desde la plataforma Ecologistas en Acción para presentar
alegaciones en su contra, entendiendo que al tratarse de un único macroparque y
no cinco más pequeños su tramitación debería ser competencia del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y no de la Consejería de
Medio Ambiente.
En este punto, la
administración autonómica se comprometió a estar alerta de esta maniobra
empresarial y actuar en consecuencia en su tramitación, pero la realidad es que
están dando de paso proyectos troceados como éste. La contestación, tajante, es
que “si desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se
considerara que el Servicio Territorial carece de competencias para la
tramitación de estos proyectos, se nos indicara el procedimiento para la
remisión de los expedientes a dicha administración. No habiendo recibido
respuesta al respecto, entendemos que debemos seguir con su tramitación por lo
expuesto anteriormente”.
Los cinco macroparques solares
de Villadangos en su conjunto ocuparían 453 hectáreas entre Villadangos y
Cimanes del Tejar, para generar una potencia de 250 Mw, a través del desembolso
de 140,5 millones de euros.
El Plan que nadie cumple. La obra de la calle Carreras no han respetado ni
una de las directrices del Plan Director de la Muralla. Ha colocado césped,
pese a estar prohibido y ha elegido materiales que impiden unificar la
fortificación y la convierten en la ‘muralla de Frankenstein’.
Melquíades
Ranilla, arquitecto redactor del Plan Director de la Muralla. J. NOTARIO.
1 / 5
Las
obras que se están llevando a cabo en la calle Carreras. J. NOTARIO
2 / 5
El
cubo recreado en la calle Carreras. DL
Dibujo
de cómo deberían reconstruirse los cubos derribados en la calle Carreras, según
el Plan Director. DL
La idea inicial era
peatonalizar la calle Carreras, pero no rescatar la muralla que discurre por
ella. Las obras comenzaron sin tener en cuenta que, con seguridad, los restos
de los cubos derribados en 1906, para dar paso al incipiente tráfico rodado,
seguirían ahí. Y tampoco se consultó el Plan Director de la Muralla, diseñado
por el arquitecto Melquíades Ranilla. El Plan se elaboró en 2008, por iniciativa
del Ministerio de Cultura, titular de la muralla, que convocó un concurso
público. El proyecto fue adjudicado a Ranilla y posteriormente fue consensuado
con los técnicos del ministerio y del Ayuntamiento. Pero sigue sin cumplirse.
En la calle Carreras,
cuando aparecieron los valiosos restos de las fundaciones de las torres de la
muralla, la Comisión de Patrimonio actuó de oficio para protegerlos. Exigió
excavaciones arqueológicas y se opuso, como pretendía el Ayuntamiento, a que
fueran nuevamente enterrados. Al final, han quedado a la vista los tres mejor
conservados —los más próximos a Puerta Castillo— y se ha marcado la ubicación
de los otros cuatro con una solución que estrangula la calle y dificulta la
accesibilidad, por ejemplo, de un camión de bomberos. Las asociaciones de
vecinos del entorno consideran el resultado una «chapuza» y «decepcionante».
«Uno de los objetivos principales del Plan Director es que exista una
coherencia en las diferentes obras de restauración que se sucedan, de tal manera
que no se cree un monstruo de Frankenstein», explica Ranilla, autor también del
Plan Director de la muralla de Astorga, del León Romano o de los monasterios de
San Pedro de Arlanza y Sigena.
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Debido al enorme
tamaño del monumento y a que pasan años entre intervención e intervención, el
Plan está pensado para que no haya discrepancias conceptuales y de diseño. Por
ejemplo, hay una larga lista de pavimentos a utilizar, al tiempo que se
prescriben los criterios de uso para los mismos. Nada que ver con los que se
han colocado en la calle Carreras.
En las zonas de
contacto con los lienzos de la muralla, en las zonas peatonales, fuera del
tráfico rodado, la guía de Ranilla indica claramente que hay que poner losas de
piedra de Boñar.
Prohibido poner césped
El plan también deja
muy claro que «en ningún caso se contemplan zonas ajardinadas». Desoyendo esta
prohibición, hay prevista una ‘alfombra’ de césped que bordea la muralla desde
desde el inicio de Carreras al final de la avenida de los Cubos.
No es una cuestión
caprichosa: «Las humedades provocadas por el agua de riego producen lesiones en
la piedra y el mortero de la muralla». Se trata de una costumbre decimonónica
que persiste en muchas murallas. Cuando se redactó el Plan Director se consultó
a técnicos expertos en la conservación de la piedra, como José María García de
Miguel, catedrático de Petrología de la Universidad Politécnica de Madrid,
titular de la Cátedra Unesco y vicepresidente de Icomos España, que
desaconsejaron el ‘verde’. La intervención de la calle Carreras, con un
presupuesto de 1,1 millones de euros, además de incumplir el Plan Director,
está llena de incoherencias».
El cubo reconstruido
Algunos expertos se
posicionaron en contra de reconstruir los siete cubos derribados a mazados a
principios de siglo, sin tener en cuenta que ya hay un precedente en la calle
Ruiz de Salazar. En esta calle en los años 60 Luis Menéndez Pidal rehizo un cubo,
que, además, ha evitado que la muralla se viniera abajo. Años más tarde, cuando
Ranilla llevó a cabo las obras en este tramo, el primero en el que el adarve se
hizo paseable, se optó —con permiso de la Comisión de Patrimonio— por elevar
este cubo hasta las zonas de circulación históricas del adarve, señalando
claramente que se trataba de una obra distinta.
Fiel al Plan Director,
Ranilla aboga por la recuperación de la imagen de la volumetría completa de
gran parte del lienzo oeste, de todo el lienzo norte y de prácticamente la
totalidad del lienzo orientado al este de la muralla, incluida la esquina
noreste del sistema defensivo. Esto facilitaría la comprensión del monumento en
sus momentos históricos principales (romano y medieval).
El único consuelo, tras una obra que disgusta a buena parte de la
ciudadanía, es que es ‘reversible’. En algún momento se puede retomar la
recuperación de los siete cubos de la calle Carreras, cumpliendo el espíritu
del Plan Director.
