PROMONUMENTA

 

NADIE PARECE SUPERVISAR LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS DE LA AUTOVÍA LEÓN VALLADOLID

            Esta semana hemos recibido una noticia positiva, aunque con el enorme atenuante de que los daños ocasionados en el yacimiento de Lancia ya son irreparables y que el tiempo que aún requerirá el proceso es grande y, mientras tanto, las obras no se detienen: la queja presentada por PROMONUMENTA el pasado mes de mayo ante el Procurador del Común de Castilla y León ha sido admitida a trámite por esta Institución.

            Sin embargo, en la semana destacan más las noticias negativas. Dos documentos de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León a los que hemos podido acceder son una muestra:

            El primero de ellos es un acuerdo de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, asentada en Valladolid, de fecha 7 de junio de 2016, por el que se autoriza el Proyecto Modificado nº 2 de la autovía A-60 (viaducto sobre Lancia que iba a salvar el yacimiento arqueológico), al tiempo que incorpora seis prescripciones.

En la segunda de dichas prescripciones textualmente se dice: “Deberán establecerse las cautelas necesarias para preservar los restos que quedarán sepultados bajo el talud de la plataforma”.

En la tercera: “En el área de la necrópolis se llevarán a cabo los trabajos arqueológicos necesarios, si se produjeran movimientos de tierras, siempre con carácter previo.

            Es indudable que la segunda prescripción no se ha cumplido, puesto que las excavaciones para cimentaciones de pilares y muros de tierra armada se han realizado sin cautela alguna, tal y como hemos mostrado en los reportajes fotográficos de informes anteriores.

            Respecto a la tercera prescripción, hasta el momento ningún trabajo arqueológico se está llevando a cabo, a pesar de que las obras ya han llegado a este lugar.

            El segundo documento es otro acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio de León, de fecha 2 de febrero de 2017, por el que se renueva al Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental, la autorización para llevar a cabo trabajos de seguimiento arqueológico en la autovía A-60, tramo León-Santas Martas. Entre otras condiciones se establecen las siguientes:

La dirección de los trabajos correrá a cargo del arqueólogo D. Gregorio J. Marcos Contreras de la empresa STRATO.

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión del Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León.

En un último punto, la Comisión Territorial de León requiere a la Comisión de Patrimonio de Castilla y León (Valladolid) el envío del Proyecto Modificado de la A-60 que había aprobado por esta segunda comisión mediante el acuerdo que hemos citado en el documento del punto anterior.

            En este punto importantes interrogantes se le plantean a PROMONUMENTA:

            ¿Cómo es posible que el Servicio de Cultura y Patrimonio de la Junta en León expresase el pasado 15 de mayo a los representantes de Promonumenta que les eran desconocidos los daños que se estaban produciendo en el yacimiento de Lancia (declarado BIC en 1994) ya que la Delegación de León no efectuaba seguimiento alguno en esta materia, pues todo se estaba realizando desde la Consejería de Cultura, en Valladolid?.

            ¿Cómo es que, según el citado Servicio, la Delegación de León ni siquiera dispusiera todavía de los planos del citado viaducto, teniendo que pedirlos a Valladolid?

            Si lo anterior era cierto, está claro que nadie de la Junta de Castilla y León estaba dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio en cuanto a que la supervisión de los trabajos en este tramo de autovía A-60 la realizase el Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León.

            Lo más grave del tema es que los trabajos de construcción de los “viaductos” sobre Lancia vienen ejecutándose desde algunos meses atrás y, a la vista de lo anterior, supuestamente sin ninguna supervisión de la Administración.

            De lo expuesto se deduce también que la aprobación del Proyecto Modificado por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León se efectuó sin ni siquiera consultar a las administraciones públicas afectadas, tal y como establece la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.