Comienza la reparación del artesonado mudéjar de la iglesia de Santa Colomba de la Vega
PATRIMONIO La Junta de Castilla y León
realizará una inversión de más de 50.000 euros
La Junta
de Castilla y León, a través del Servicio
Territorial de Cultura, ha iniciado la rehabilitación de la cubierta y
la desinfección de la madera del artesonado mudéjar de la Iglesia
de Santa
Colomba de la Vega con una inversión de 51.539 euros.
El edificio, declarado Monumento Nacional desde 1943, posee un artesonado de
estilo mudéjar que cubre la nave única y la capilla mayor, el cual data de
finales del siglo XIV o principios del siglo XV. Se caracteriza por su
decoración geométrica formada por ruedas de lazo y pinturas llamativas.
En la actualidad mantiene una serie de deficiencias en la cubierta
como la presencia de vegetación o tejas desplazadas que pueden ocasionar otros
desperfectos. Por este motivo se quieren realizar las tareas de reparación
pertinentes para recuperar el estado original y funcional de la cubierta de la
iglesia y para poner en valor este edificio, así como realizar un tratamiento
de desinsectación de la madera que forma parte del artesonado.
La delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, ha visitado la
iglesia y ha destacado la riqueza histórica y cultural de las zonas rurales de
la provincia. “Es importante venir a ver en persona cómo se conserva el
patrimonio de nuestros pueblos”, ha subrayado.
Albañilería y mampostería revestidas
La Iglesia de Santa Colomba de la Vega es una edificación
parroquial de tipo rural. Tiene en planta una nave rectangular y capilla cuadrada
separadas por arco triunfal apuntado liso. La portada de ingreso es sencilla y
procede del vecino pueblo de Celada de donde se trasladó en 1752.
La espadaña es moderna y el edificio está construido con albañilería y
mampostería revestidas. El mayor interés estriba en las cubiertas de
carpintería mudéjar aparejadas según las características desarrolladas en
Castilla y León en la época de los Reyes Católicos, siendo magnífico exponente
de este arte autóctono.
La armadura de la nave central mide 18,35 por 6,56 metros, es libre sin
tirantes y se adapta al rectángulo de la habitación excepto en su cabecera en
que se articula en ochavos; la artesa conforma dobles faldones y almizate y se
decora con labores de lazo ataujerado con cuerdas dobladas en composición de
ocho y doce. El almizate o franja central más elevada presenta también claves
de mocárabes y su ochavo muestra un escudo episcopal. El conjunto está
policromado con pintura y pan de oro.
La armadura de la capilla es de forma octogonal regular, esto es, adaptada al
cuadrado de la planta. Se decora con lazo de diez ataujerado y con mocárabes en
el almizate y en los cuadrales.
Pertenecen al mismo autor y con total seguridad también fue el mismo maestro
carpintero que hizo la armadura de la iglesia de Santa Marina de Valencia de
Don Juan. Las de Santa Colomba se salvaron milagrosamente en 1942 de ser
desmontadas y trasladadas al Museo Arqueológico Provincial por deseo de Luis
Menéndez Pidal, proyecto que evitó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La villa de Valderas acaba de entrar a formar parte de la Red de Conjuntos Históricos
de Castilla y León, que está integrada por más de 40 municipios de la Comunidad
Autónoma que cuentan con la declaración de Conjunto Histórico. Dicha red tiene
como fin crear una marca que sirva para llevar a cabo estrategias conjuntas
para promocionar los municipios asociados.
La villa de Valderas fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico en 2008 en reconocimiento del patrimonio y paisajes de
dominante defensivo y por la importancia de sus espacios públicos, entre los
que destaca la concatenación y concentración de plazas como la del Ganado, San
Juan, los Cestos, Ramón y Cajal y Plaza Mayor. La adhesión de Valderas a la Red
de Conjuntos Históricos de Castilla y León fue aprobada por unanimidad en el Pleno
del Ayuntamiento celebrado el pasado 30 de marzo.
Agustín Lobato, alcalde de la villa, afirma que la apuesta por sumarse a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León se añade a otras acciones promovidas desde el Ayuntamiento en favor del patrimonio y del turismo, como son: la puesta en valor de las bodegas subterráneas a través del festival de artes escénicas Bajo Tierra, la próxima restauración de la antigua Casa Consistorial de la Plaza Mayor, el esfuerzo aún no concluido por lograr registrar las ruinas del Castillo de la Altafría como bien municipal, iniciar un estudio/inventario de bodegas subterráneas, la adquisición por donación de una bodega tradicional para ofrecerla como recurso turístico, el inventario y catalogación del Archivo Municipal, la apuesta por la continuidad de la apertura de la oficina de turismo fuera de la época estival o la adhesión del Auditorio María de las Hazas dentro del Sistema de Circuitos Escénicos de Castilla y León, entre otras acciones.
Decisión
El Ayuntamiento aprobó en pleno el pasado 30 de marzo por unanimidad su
adhesión a la red
Con la incorporación de Valderas se completa la lista de Conjuntos
Históricos de Tierra de Campos adheridos a la Red en la que solo faltaba la
‘Villa del Bacalao’, y en la que ya estaban Sahagún, Grajal, Támara, Becerril,
Fuentes de Nava, Ampudia, Montealegre y Medina de Rioseco. Así pues, se
refuerza no solo el protagonismo de la Tierra de Campos leonesa como espacio de
notable interés patrimonial, sino la propia vega del Cea como eje vertebrador
de posibles propuestas turísticas y culturales a futuro.
La Asociación Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León participó
recientemente en Fitur (Feria de Turismo Internacional, Madrid) y se ha
esforzado en elaborar un documento de trabajo donde se planteen los problemas
vinculados a la gestión de los Conjuntos Históricos, conocido como Libro Blanco
para la gestión de Conjuntos Históricos de Castilla y León. Otras acciones
llevadas a cabo por la Red son los Encuentros de Conjuntos Históricos de
Castilla y León, que llega a su séptima edición, el concurso fotográfico
‘Asómate a nuestra vida’ o el Pasaporte Turístico. De todo ello y más se puede
consultar más información en su web www.recohicyl.com.
Apuesta por la cultura
El consistorio viene realizando numerosas acciones en favor del patrimonio y el
turismo
«Lograr esta distinción es muy importante para Valderas, ya que a partir de
ahora la villa terracampina de Valderas no solo será reconocida como una
referencia del turismo gastronómico nacional por el ‘Bacalao al estilo
Valderas’, sino que reforzará su imagen como destino de turismo cultural y
estrechará vínculos con otras localidades Conjunto Histórico», señalan desde el
consistorio.
La ‘trama
eólica’ de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y
antiguos cargos de la Junta
El caso más grave de corrupción del Gobierno de Juan Vicente Herrera tenía su epicentro en la Consejería de Economía, que obligaba a las eléctricas a asociarse con empresarios de la comunidad para autorizar sus parques
El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en 2014 Nacho Gallego / EFE
25 de enero
de 2022 22:31h
Actualizado el 26/01/2022 09:54h
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Hicieron falta 15 años y
mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el
mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos
cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de
euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y
con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán
que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda
Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de
Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente
Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.
La trama, que denunció
la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda,
consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de
Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola
o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro
modo, la tramitación se estancaba.
Según el juez, el
viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces
consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una
filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la
Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías
renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la
diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma,
regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo
que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante
entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de
parques eólicos”.
Participaciones del 40% de empresarios locales y
excargos de la Junta
Así, se exigió a
promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en
el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización,
participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado,
que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar
parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar
la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado
“semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que
apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían
relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la
Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la
que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico,
vendió su parte a la eléctrica. El ‘pelotazo’ fue de 47 millones de euros. Con
ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia,
donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al
menos.
Otro de los elegidos fue
el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que
suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque
eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En
2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los
hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y
Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto
a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de
Economía, el caso Perla Negra.
Aerogeneradores en un parque
eólico Javier Cebollada / EFE
Que la Junta miró hacia
otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques
dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía
renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras
empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del
decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en
Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001.
Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un
parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y
junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo
único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto
189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y
solo se obtuvo cuando el parque requerimientos sugeridos por los responsables
de la Consejería de Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que
los requerimientos propuestos, además de ser considerados por nosotros como un
abuso de poder por la Administración, no pueden ser entendidos ni como
enriquecedores para el desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo
socioeconómico del conjunto de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El
parque quedó en manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que
salió adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según
el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades
de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por
su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional
posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos
vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas… y también
pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que
se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron
donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35
euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por
otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013,
con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas
sociedades.
Delgado, que se enfrenta
a una petición de pena de 42 años de prisión
y multas de 239 millones de euros como
principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha
trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco
antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el
caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran,
según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos.
Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a
Delgado.
Además de Delgado, los
otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien
son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados
está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable
civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros:
11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5
millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama.
Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una
forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le
impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas.
