COMUNICADO DE PRENSA EL PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN MOVILIZA A LA SOCIEDAD CIVIL.Más de 50 asociaciones y colectivos de la Comunidad Autónoma comparten su preocupación en torno a la reacvación de asociaciones y colecvos en defensa de nuestro patrimonio. Medina del Campo acoge una reunión de trabajo organizada por la Federación por el Patrimonio de Caslla y León.Medina del Campo, 15 de abril de 2023. – Caslla y León es la Comunidad Autónoma más rica en Patrimonio de España y la primera en el mundo en bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Conscientes de la necesidad de impulsar su recuperación y gesón para fortalecer los procesos de desarrollo de nuestros entornos locales y convencidos de la necesidad de colaborar entre asociaciones, colecvos y voluntariado en general que de#ende la importancia del Patrimonio en Caslla y León, desde la Federación por el Patrimonio se abrió un periodo de reflexión durante el año 2022 al respecto de estos temas.Por este movo y desde el pasado mes de noviembre, se ha creado un grupo de trabajo abierto para que las asociaciones y colecvos relacionados con la defensa del Patrimonio de Castilla y León acuerden una hoja de ruta que marque nuestros retos y posibles puntos de encuentro a la hora de establecer una estrategia común de parcipación ciudadana en torno al Patrimonio. De esta forma, en la mañana del sábado 15 de abril, el Hotel Villa de Ferias de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, acogió una primera reunión presencial donde se han establecido las bases de una estrategia comparda para fortalecer el movimiento asociavo en torno al patrimonio en ciudades, pueblos y provincias deCaslla y León. Se concreta así el trabajo previo que durante los úlmos meses se había venido realizando vía telemáca.
En este proceso, se ha puesto de manifesto que una de las preocupaciones dominantes en las asociaciones es la necesidad de establecer cauces e#caces de interlocución con las administraciones públicas y los propietarios de los bienes patrimoniales. El reto fundamental es abrir el camino a una efecva parcipación de la sociedad civil en la defensa, difusión y gesón del patrimonio. En los próximos meses se ha establecido una hoja de ruta común. En ella se concretan estrategias de actuación en torno a:o Un plan de comunicación.o Impulso de la parcipación juvenil.o Agenda común de acvidades.o Interacción con la iniciava privada.o Captación de recursos.o Observatorio del patrimonio (“servicio de alertas”).La próxima acvidad de la Federación tendrá lugar el próximo 10 de mayo con movodel Día Regional del Patrimonio, con la publicación de un manifiesto para esmular laparcipación ciudadana en la defensa del patrimonio de Caslla y León, nuestra herencia cultural.Contacto: Pedro Montarelo (Presidente): 636641723
La ‘trama
eólica’ de Castilla y León: 75 millones que se repartieron empresarios y
antiguos cargos de la Junta
El caso más grave de corrupción del Gobierno de Juan Vicente Herrera tenía su epicentro en la Consejería de Economía, que obligaba a las eléctricas a asociarse con empresarios de la comunidad para autorizar sus parques
El expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en 2014 Nacho Gallego / EFE
25 de enero
de 2022 22:31h
Actualizado el 26/01/2022 09:54h
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Hicieron falta 15 años y
mirar hacia otro lado para que desde la Junta de Castilla y León se fraguase el
mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos
cargos del Gobierno autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de
euros entre los años 2000 y 2015. Tras cuatro años de investigación judicial, y
con el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas tendrán
que responder ante el juez por presuntos delitos de prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias, blanqueo de capitales, extorsión y contra la Hacienda
Pública y que el epicentro estaba en la propia cúpula de la Consejería de
Economía de Castilla y León, que según el entonces presidente, Juan Vicente
Herrera, no estaba “en el mapa de la corrupción”.
La trama, que denunció
la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un inspector de hacienda,
consistió en dar salida a parques eólicos en los que hubiese empresarios de
Castilla y León elegidos en la Consejería. Las eléctricas como Endesa e Iberdrola
o los promotores de energías renovables tenían que asociarse con ellos. De otro
modo, la tramitación se estancaba.
Según el juez, el
viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, junto al entonces
consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya fallecido, y el responsable de una
filial de Iberdrola, Ricardo Bravo Sayas, establecieron un plan porque “en la
Junta de Castilla y León se entendió que el sector de las energías
renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la
diversificación de actividades para las empresas de la comunidad autónoma,
regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo
que el gobierno autonómico decidió favorecer una importante
entrada de empresas de la comunidad en las promotoras de
parques eólicos”.
Participaciones del 40% de empresarios locales y
excargos de la Junta
Así, se exigió a
promotores que cediesen o permitiesen la participación de empresas locales en
el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización,
participación que debía ser próxima al 40%. El principal imputado es Delgado,
que mediante una instrucción de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar
parques, en lugar de los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar
la marcha de las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado
“semáforo” en el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que
apostó la Junta fueron aquellas que pertenecían a personas con las que tenían
relación. Entre esas personas estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva. Este último había sido el consejero delegado de la
Oficina de Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad en la
que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque eólico,
vendió su parte a la eléctrica. El ‘pelotazo’ fue de 47 millones de euros. Con
ese dinero, y el de la venta de otro parque más, se estableció en Polonia,
donde se dedicó a construir edificios y donde seguía hasta hace unos meses al
menos.
Otro de los elegidos fue
el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, que
suscribió un acuerdo con Ibercyl, filial de Iberdrola para crear un parque
eólico en una finca de su propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En
2007, De Paz le vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los
hermanos propietarios de la constructora Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y
Patricio Llorente, y promotores inmobiliarios que están también acusados junto
a Rafael Delgado en otro juicio de corrupción que afecta a la Consejería de
Economía, el caso Perla Negra.
Aerogeneradores en un parque
eólico Javier Cebollada / EFE
Que la Junta miró hacia
otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques
dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta. El responsable de Ibervento, una empresa de energía
renovable, relataba la “injusta discriminación sufrida con respecto a otras
empresas del sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del
decreto para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad”. La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos parques en
Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20 de abril de 2001.
Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas la concesión de un
parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en mayo y
junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo
único que faltaba era la firma de la autorización que, según el decreto
189/1997, no podía tardar más de tres meses, pero que se retrasó tres años y
solo se obtuvo cuando el parque cambió de propietarios. “Hemos cumplido con
todos los requerimientos sugeridos por los responsables de la Consejería de
Economía”, decía, “pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos
propuestos, además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por
la Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el
desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del conjunto
de la sociedad de Castilla y León”, avisó. El parque quedó en manos de Endesa y
de los hermanos Collosa, momento en el que salió adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según
el sumario judicial, desde los años 2006 a 2011 dispuso de “bienes y cantidades
de dinero cuya importancia no guarda relación con los ingresos que percibió por
su trabajo en la Junta de Castilla y León ni con su actividad profesional
posterior” y que se atribuyen a la “actividad ilícita”. Hay pagos de lujosos
vehículos al contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas… y también
pagos y movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo al que
se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese abogado se hicieron
donativos al colegio privado al que asistían los hijos de Delgado: 21.605,35
euros en el año 2011, 21.900,36 en el año 2012 y 24.000 en el año 2013. Por
otro lado, se considera que las declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013,
con resultado a devolver en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas
sociedades.
Delgado, que se enfrenta
a una petición de pena de 42 años de prisión
y multas de 239 millones de euros como
principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los hechos y la ha
trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que murió repentinamente poco
antes de declarar en calidad de imputado tanto en la Trama Eólica como en el
caso Perla Negra. Sólo a él se le han encontrado operaciones que demuestran,
según el juez, que recibió dinero de los empresarios, pero no de todos.
Quedaría por averiguar por qué no todos los beneficiados por la trama pagaron a
Delgado.
Además de Delgado, los
otros 15 acusados se enfrentan a penas de prisión que suman 138 años, si bien
son especialmente llamativas las multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados
está también el propio Gobierno autonómico, como persona jurídica y responsable
civil subsidiario. El juzgado le exigió una fianza de 24,1 millones de euros:
11,2 de forma solidaria con Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5
millones con Parque Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama.
Pero finalmente no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una
forma de garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le
impongan, algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas.